Cadena de Suministro

 El sector de la distribución de combustibles de automoción en el punto de mira de Competencia

La CNC ha puesto de manifiesto el problema de la falta de competencia en el sector, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes antes de impuestos, más elevados que los registrados en países de nuestro entorno.

Los días 27 y 28 de mayo, inspectores de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, CNC, han llevado a cabo inspecciones en varias compañías operadoras de productos petrolíferos y en una asociación sectorial, bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la coordinación de conductas entre operadores en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio. 

Este sector ha sido recurrentemente objeto de interés por la autoridad de Competencia española, que ha venido realizando un seguimiento constante del mismo. Por ello, la CNC ha puesto de manifiesto el problema de la falta de competencia en el sector, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas, antes de impuestos, más elevados que los registrados en países de nuestro entorno. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía  también se ha hecho eco en sus informes de supervisión del alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción y, más recientemente, ha hecho público el inicio de un expediente informativo con el objeto de determinar la causa del denominado “efecto lunes”  e identificar qué operadores pudieran estar siendo responsables de las citadas actuaciones y comprobar si estas conductas se ajustan a la legalidad.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

Estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.