Cadena de Suministro

Fenadismer denuncia la dificultad que tienen algunos transportistas para realizar estos trámites por internet y la existencia de empresas que se aprovechan.

Con la realización obligatoria de los trámites burocráticos por vía telemática, las Administraciones buscaban facilitar su relación con los ciudadanos y ganar en eficacia, pero, sin embargo, este nuevo procedimiento requiere de unos conocimientos y de un equipo informático que no todo el mundo tiene.

En el caso del sector del transporte por carretera, tanto el Ministerio de Fomento como las distintas consejerías autonómicas han establecido la obligatoriedad de que todas las comunicaciones que se realicen relativas a trámites de transporte se realicen exclusivamente por vía electrónica, tanto si se trata de sociedades como de personas físicas.

En consecuencia, dicha obligación afecta en el sector del transporte público de mercancías, según datos de Fenadismer, a 38.000 empresas de transporte, 68.000 autónomos que operan en el sector, y 65.000 empresas titulares de autorizaciones de transporte privado, de las que 22.000 son autónomos, así como a todos los conductores profesionales titulares de la tarjeta de tacógrafo digital, que en la actualidad son más de 500.000 que tienen que renovar dicho documento cada cinco años.

El procedimiento informático a realizar con Fomento y las consejerías autonómicas está generando, afirma la organización empresarial, “enormes dificultades para numerosos transportistas y especialmente para los conductores profesionales”, que se ven obligados a contar con conocimientos informáticos y con un equipo adecuado, además de con firma digital.

Además, Fenadismer ha venido comprobando que los últimos meses han surgido ” numerosas empresas privadas que están ofertando sus servicios para “ayudar” a transportistas y conductores profesionales que no pueden realizar los trámites por vía electrónica, con tarifas que en muchos casos triplican el coste de la tasa oficial.

Esta situación es “abusiva”, a juicio de la asociación, que, además, critica que estas prácticas socavan el “objetivo de eficiencia y ahorro de costes para los ciudadanos” que se persigue con la realización de los trámites administrativos por ordenador.