El Vigía

La Justicia anula el peaje a camiones de la N-I en Gipuzkoa por discriminar al transportista de paso

Las asociaciones del sector aplauden la decisión del tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón al sector del transporte de mercancías por carretera anulando el cobro de peajes en la A-15 y N-I en Gipuzkoa a los más de 10.000 camiones que transitan a diario por estas vías, en vigor desde el pasado mes de enero, por considerarlo disconforme a derecho, condenando en costas a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de Gipuzkoa. El recurso contencioso-administrativo fue presentado en enero de 2017 por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y el resto de organizaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), contra la norma foral que regulaba este canon.

El tribunal vasco, en su sentencia de 9 de abril, admite íntegramente los argumentos planteados por las asociaciones de transportistas, al entender que el régimen de peajes establecido por la Diputación de Gipuzkoa “produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Gipuzkoa respecto del tráfico interior”, por lo que en consecuencia “vulnera el principio de no discriminación previsto en el artículo 7.3 de la vigente directiva europea 2011/76”. Contra esta sentencia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

A través de un comunicado, la patronal del transporte celebra el fallo del TSJPV, “que pone de manifiesto, como siempre hemos denunciado, la tremenda injusticia que se cometía al someter sólo a una parte del transporte de mercancías por carretera, los vehículos de más de 3,5 toneladas, a estos peajes”.

Por su parte, otra de las organizaciones impulsoras de la demanda, la federación de transportistas Fenadismer, valora “muy positivamente” la sentencia y confía en que las administraciones públicas condenadas se abstengan de recurrirla, “al estar impecablemente fundamentada”. La organización llevará a cabo un análisis legal de sus consecuencias con el fin de que todo el importe recaudado durante los tres meses de vigencia pueda ser devuelto a los transportistas afectados.