El Vigía

Los transportistas del carbón muestran su rechazo al cierre de las térmicas

Un millar de empleos directos dependen de la actividad.

Las asociaciones del transporte de mercancías por carretera de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, integrantes de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), han expresado su “profunda preocupación” ante la posición favorable del Gobierno central a la descarbonización del sector energético y la supresión de las plantas térmicas en España.

Para estas organizaciones, que representan a en torno a 1.000 camiones que trabajan a diario en el sector del carbón y las térmicas -Aragón, 150; Asturias, 300; Castilla y León, 350; y Galicia, 150-, la supresión de las térmicas en España generaría, además, graves consecuencias indirectas para el sector del transporte de mercancías por carretera en estas comunidades autónomas. Así, la desaparición de una rama especializada del transporte de carbón, con unos vehículos muy específicos y de difícil reconversión, hará que se pierdan cerca de 1.000 puestos de trabajo en estas regiones.

Por ello, las cuatro asociaciones representativas del sector del transporte de mercancías por carretera de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León exigen al Gobierno que antes de tomar medidas que impliquen el cierre de las centrales térmicas valore “todas las consecuencias para todos los sectores afectados, que se tengan en cuenta los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que se perderían y el daño social y económico que provocaría en unas comunidades autónomas con problemas laborales y desindustrializadas.

Además, estas organizaciones empresariales reclaman al Gobierno que si decide continuar con esa medida tenga previstas fórmulas para posibilitar la reconversión de estos vehículos, con unas características muy específicas que imposibilitan su función en otros sectores. Las cuatro asociaciones del transporte de mercancías por carretera también consideran que no se encuentran en una situación de igualdad con otros modos de transporte, a los que se subvencionan sus pérdidas, lo que supone una “grave injusticia” para el sector, que aporta más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado “sin obtener una respuesta adecuada a su potencial, lo que lleva a un deterioro del sector que no se puede consentir”.